“Las personas como mi hija no pueden hablar, no caminan, no comprenden los
procesos. ¿Cómo esperan que voten?”. Así lo expresó Cristián Jerez, padre de Lizbeth,
una joven penquista autista (nivel 3) y epilepsia, luego de recibir una multa que podría
alcanzar los $340.000 por no haber votado en el Plebiscito Constituyente de 2023.
Este caso no es aislado. Refleja una realidad estructural: en Chile y en muchas partes
del mundo, el ejercicio de derechos políticos por parte de personas con discapacidad y
neurodivergencia continúa plagado de barreras. Aunque se ha avanzado en normativas
e iniciativas inclusivas, el acceso real y efectivo al voto sigue estando lejos de ser
universal.
Una democracia que no es para todas las personas
El artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad establece que los Estados deben garantizar el derecho a votar en
igualdad de condiciones. En Chile, la Ley N°20.183 (2007) y la Ley N°20.422 (2010)
fueron creadas con ese objetivo, reconociendo el derecho a asistencia para votar y
promoviendo la inclusión social. Sin embargo, como revela el estudio “Participación
política de personas con discapacidad” realizado por CEDETi UC, el camino aún es
desigual.
En esta encuesta, aplicada a 145 personas con discapacidad en 2021, el 76% reportó
problemas de accesibilidad al votar. Entre los obstáculos más comunes se identificaron:
tamaño inadecuado de la cámara secreta, falta de plantillas accesibles en braille,
dificultades para votar acompañado y requerimientos indebidos de acreditación de
discapacidad.
El 53% de las personas había utilizado el voto asistido alguna vez, siendo el
acompañamiento por una persona de confianza la modalidad más común. Pero un
1,4% declaró haber tenido una experiencia negativa y muchos no saben cómo acceder
a este derecho, lo que pone en evidencia la necesidad de mayor educación cívica
accesible.
Neurodiversidad y discapacidad: ¿quiénes quedan fuera?
Según el enfoque de la neurodiversidad, las condiciones como el Autismo, la Atención
Divergente (o TDAH), la dislexia o la discapacidad intelectual no deben entenderse
como enfermedades, sino como formas naturales de variación del funcionamiento
cognitivo humano. No obstante, cuando los entornos están diseñados exclusivamente
para personas neurotípicas, esas diferencias se convierten en discapacidad.
Desde esta perspectiva, la exclusión electoral no solo afecta a quienes tienen
discapacidad física o sensorial, sino también a personas neurodivergentes, cuyas
necesidades comunicacionales, sensoriales o cognitivas suelen ser invisibilizadas. Esto
se evidencia en los escasos ajustes razonables y accesos a tecnologías de apoyo
durante procesos eleccionarios.
Tecnología e inclusión: claves para la participación
La tecnología puede ser una aliada fundamental. Herramientas como lectores de
pantalla, comunicadores aumentativos, videos en lengua de señas o plataformas de
voto adaptadas pueden marcar la diferencia. Experiencias internacionales como las de
Canadá, Reino Unido o Australia han demostrado que sistemas de voto electrónico o
asistencia remota pueden aumentar la participación de personas con diversas
discapacidades.
En Chile, el Servicio Electoral (SERVEL) ha implementado recursos como el voto
asistido, protocolos de trato digno y materiales informativos accesibles. No obstante, el
caso de Lizbeth muestra que la institucionalidad todavía no logra adaptarse a todas las
realidades.
La participación no se presume, se garantiza
Construir una democracia plena implica reconocer que la participación no depende solo
del deseo de ejercer el voto, sino de la eliminación de las barreras que impiden hacerlo.
Eso implica formación electoral accesible, información clara y sistemas
verdaderamente inclusivos.
Desde CEDETi UC tenemos la convicción que la inclusión no es solo una ventaja social
o económica, sino un imperativo moral y ético para construir una sociedad más justa,
equitativa y rica en su diversidad.
La historia de Lizbeth y los datos del estudio de participación política de personas con
discapacidad son un llamado urgente: no basta con legislar; se debe implementar con
justicia, empatía y comprensión de las diferencias humanas.
